Política de clasificación y etiquetado de datos - PYME

La Política de clasificación y etiquetado de datos (P13S) define cómo debe clasificarse y etiquetarse toda la información tratada por la organización, garantizando su confidencialidad, integridad y disponibilidad durante todo su ciclo de vida. Esta política permite un manejo de datos coherente y conforme mediante la asignación de niveles de protección a la información en función de su sensibilidad, impacto en el negocio u obligaciones legales, como las definidas por GDPR, NIS2 y DORA. Su adopción es crítica para las organizaciones que buscan la certificación ISO/IEC 27001, ya que les permite reducir sistemáticamente el riesgo de divulgación accidental, acceso no autorizado o manejo inadecuado de datos sensibles. Cabe destacar que se trata de una política para PYMES, como indica su número de documento P13S y la asignación del “Director General” como propietario de la política, lo que refleja una adaptación para organizaciones sin roles dedicados de TI o CISO. La política traduce requisitos regulatorios y de seguridad complejos en responsabilidades claramente estructuradas adecuadas para PYMES. El Director General es propietario y supervisa la aplicación de la política y las excepciones; los propietarios de activos de información o los responsables de datos gestionan la clasificación inicial, el etiquetado y la revisión periódica; el responsable de TI o administrador (interno o externalizado) implementa controles tecnológicos; y todo el personal/contratistas debe aplicar, comprobar y respetar las clasificaciones, además de participar en la formación. El alcance de la política es integral y abarca todos los datos de la organización independientemente del formato, la ubicación o la etapa del ciclo de vida. Esto incluye archivos electrónicos, datos en la nube y en las instalaciones, documentos físicos, correos electrónicos e incluso datos temporales o transitorios como archivos de registro y archivos de caché. El personal y los terceros que manejen dichos datos deben aplicar de forma consistente la clasificación y el etiquetado durante la creación, el uso, el almacenamiento, la transferencia, el archivado o la eliminación. Se requiere un esquema simple de clasificación de tres niveles: público (compartible abiertamente), uso interno (restringido al personal) y confidencial (sensible, que requiere las medidas de protección más estrictas, como cifrado y control de acceso). La política exige un etiquetado visible y persistente en activos digitales y físicos, revisiones rutinarias cuando cambien los modelos de negocio, el software o la legislación, y reglas formales de tratamiento para cada nivel de clasificación. Estas disposiciones garantizan que las PYMES, incluso con estructuras operativas simplificadas, puedan demostrar cumplimiento legal y protección de datos basada en el riesgo, al tiempo que fomentan la rendición de cuentas y una custodia clara de los datos. Las auditorías periódicas, las comprobaciones puntuales y la gestión de excepciones documentada refuerzan aún más el cumplimiento. Los incumplimientos, como almacenar datos confidenciales en ubicaciones no seguras o no etiquetar los activos adecuadamente, están sujetos a sanciones que van desde advertencias hasta acciones legales. La revisión anual obligatoria garantiza que la política se adapte a los riesgos en evolución, las exigencias regulatorias y los cambios organizativos, convirtiéndola en un componente integral de un programa de ciberseguridad y privacidad defendible para PYMES.