Política de recopilación de evidencias y análisis forense - PYME

La Política de recopilación de evidencias y análisis forense P31S detalla cómo una PYME puede gestionar la adquisición, el manejo y el almacenamiento de evidencia digital relacionada con incidentes de seguridad, violaciones o investigaciones internas. Su propósito es proporcionar un marco jurídicamente sólido y listo para auditoría que cumpla con ISO/IEC 27001, GDPR y otros requisitos de cumplimiento, manteniéndose accesible para organizaciones sin equipos dedicados de seguridad de TI. La política está adaptada especialmente para empresas más pequeñas (como indica su designación de PYME y las referencias a «Director General» en lugar de roles como Centro de operaciones de seguridad (SOC) o Director de Seguridad de la Información (CISO)). Establece responsabilidades claras: el Director General actúa como el principal responsable de la toma de decisiones, revisando, aprobando y documentando investigaciones formales y procedimientos de evidencia. Los proveedores de TI o consultores externos recopilan y preservan la evidencia mediante procesos seguros y bien definidos, mientras que la documentación de la cadena de custodia garantiza que la autenticidad y la integridad nunca se vean comprometidas. El alcance es amplio: se aplica a todo el personal, a sistemas (incluidos portátiles, dispositivos móviles, SaaS y unidades en la nube) y a cualquier evento que requiera evidencia para acciones disciplinarias, legales, regulatorias, de clientes o de seguros. Los procedimientos establecen que la recopilación de evidencias debe estar autorizada, documentada y sujeta a estrictos controles de control de acceso (solo accesible para el Director General y el proveedor de TI). Como apoyo a la preparación forense, la política recomienda el uso de verificación de hash criptográfica para la validación e insiste en registrar cada acceso o acción para generar rendición de cuentas. Se proporciona orientación de tratamiento de riesgos para minimizar la exposición o el riesgo legal, exigiendo minimización de datos, redacción y revisión legal formal cuando sea necesario. En escenarios en los que la recopilación de evidencias con validez forense sea imposible (p. ej., caída del sistema), se definen excepciones y métodos alternativos de manejo y deben ser aprobados por el Director General. Las consecuencias por incumplimientos de la política, alteración de evidencia, acceso no autorizado o compartición, van desde medidas disciplinarias hasta escalado legal/regulatorio. Las revisiones anuales de la política por parte del Director General garantizan la vigencia y el cumplimiento continuos con marcos y controles de referencia. Los desencadenantes para una revisión anticipada incluyen incidentes significativos o cambios en las expectativas legales/regulatorias. La estructura modular de la política también garantiza una vinculación fluida con políticas relacionadas en gobernanza, control de acceso, registro de auditoría, respuesta a incidentes y privacidad de los datos, construyendo un régimen resiliente y conforme adecuado para el despliegue en PYMES sin interrupciones operativas ni dotación de especialistas.